Los colegios profesionales cargan contra la administración: estas son sus quejas.
Piden «empatía y respeto» y denuncian la «indefensión» que generan las masivas notificaciones.
Una decena de colegios y asociaciones profesionales de la Comunitat Valenciana reclaman la recuperación de los cauces de atención con las Administraciones Públicas en beneficio no sólo de sus colegiados y asociados, sino de las empresas y particulares, así como del buen funcionamiento de la Administración constitucionalmente exigible.
Rechazan el “incremento en la exigencia de obligaciones con derivación de trabajos propios de la Administración al colectivo de profesionales” que representan.
Las quejas
Graduados sociales, asesores fiscales, abogados, gestores administrativos, administradores de fincas, oficinas y despachos, y economistas están presentes y ejercen de intermediarios en la mayoría de los procesos que realizan las empresas y particulares con las distintas administraciones. De forma conjunta, rechazan la “derivación” de trabajos propios de la Función Pública y denuncian la existencia de plazos breves y computados en días naturales.
«Estamos desbordados y nos estamos convirtiendo en funcionarios de la administración. No puede ser que una norma detrás de otra nos está generando el tener que estar enviando muchísimos datos a la administración que consideramos que ya los tienen», asevera la presidenta del colegio de graduados sociales de Castellón Amparo Máñez.
La gota que ha colmado el vaso ha sido el nuevo sistema de la cotización de los trabajadores autónomos, en el que la Seguridad Social precisa tener unos datos en el sistema interno. «Según decía el Real Decreto teníamos de plazo hasta el 31 de octubre de este año para ir enviando los datos correspondientes para que pudieran calcular las cuotas de los trabajadores autónomos. Ahora se descuelgan diciendo que tenemos que empezar a enviarlo antes del 30 de junio», expresa Máñez, recordando que están en plena campaña de renta. «No se puede legislar sin estar preparada la administración para poder aplicar la norma. Salió el sistema de cotización de autónomos con muchísimas dudas, se iban a resolver todas, ha llegado el momento y están sin resolver y el sistema no lo han adaptado como deberían para poder empezar a meter datos y enviarlo», señala Máñez.
Tanto Máñez, como el presidente del colegio de asesores fiscales, Luis Chinchilla, se quejan, además, de la anticuada aplicación para introducir los datos, que convierte el proceso en algo tedioso, que se corta y no graba o si poner un dato mal se val traste y hay que volver a empezar.
Chinchilla critica que «se está burocratizando demasiado todo. Cada vez tenemos más obligaciones hay muchos ministerios muchas consellerias y el mismo dato nos lo piden distintas administraciones». Añade que «se está despersonalizando y la administración pública ha dejado de ser pública, está muy lejos de serlo».
En ese sentido, Máñez lamenta que «hay un déficit de funcionarios impresionante, muchísimos funcionarios se jubilaron en diciembre y, además, como hacía tantos años que no había oferta empleo público mucha gente pidió traslado a otras zonas de España y aquí en Castellón se ha reducido muchísimo la cifra y apenas se han repuesto.
Como explica Máñez, «estamos haciendo el trabajo de los funcionarios. Les habían prometido funcionarios interinos pero ni están ni se les espera».
Otro problema es la pérdida de la presencialidad que dificulta a los ciudadanos el poder hacer trámites directamente con la administración. Un ejemplo palmario, explica Máñez, es el cierre del CAIS de Segorbe, que está cerrado completamente desde hace 5 meses, con la que la gente del Alto Palancia está sin ninguna asistencia al ciudadano. Y todo esto nos genera todavía más trabajo a las asesorías», señala.
Además, se ha perdido la comunicación directa con el funcionario. «No puedes trabajar con nadie de la administración. Están tomando cada resolución que emiten denegatoria y eso te conlleva a tener que hacer reclamaciones previas y escritos de alegaciones así no se puede trabajar», señala Máñez, que explica que, por ejemplo, «tú antes a lo mejor presentabas una pensión y si te faltaba una cosa en seguida te llamaba el funcionario de a pie y te decía esto no lo has enviado bien, tú tenías contacto con el funcionario. Ahora hay una pensión que tú por olvido no has adjuntando el DNI de un hijo y te lo rechazan directamente y te la deniegan y tienes que presentar otra jubilación. Esto está suponiendo mucha más reclamación, escritos de alegaciones, que al final el que pierde es el ciudadano», asevera.
Pensiones, autónomos, invalidez,…
Y es que, el problema afecta tanto a pensiones como a autónomos o invalidez. «Estamos haciendo de funcionarios sin cobrar nada y repercutiéndolo al cliente, porque antes parte del trabajo lo hacíamos gratis, pero ahora no podemos porque nos cuesta dinero. Trámites muy sencillos que ibas a un CASI y te lo resolvían», agrega.
Indefensiones
Asimismo, critican la “indefensión” que producen las masivas notificaciones por boletines. «Hemos reclamado que los boletines de noticias Red que es la manera que la tesorería tiene de comunicarse con nosotros, no los saque los viernes a las 2 del mediodía, para aplicarlos a la semana que viene», señala.
Unas premuras que contrastan con las dilaciones de la administración, pues, según explica, «las reclamaciones previas, que en teoría tienen 45 días para contestarlas, se están aplazando a seis meses. Esto no puede ser. O incluso una persona que está en una baja más de un año le dan la prórroga automática porque no hay médicos en los ERIS que dictaminan si la
persona tiene derecho a una incapacidad, porque no llegan. Ellos lo pueden hacer pero nosotros no».
Afecta también al ciudadano
Una situación que también perjudica al ciudadano, pues, como explica Chinchilla, el proceso de rellenar los formularios es «tedioso casi que tirano y si lo es para mí, imagina para una persona de la calle. «Tampoco quiero que una persona de a pie necesite de un profesional para pedir una cita o ir a la Seguridad Social a preguntar sobre su jubilación», lamenta.
Problema con Madrid
Según Máñez, «siempre hemos tenido un canal de colaboración de los profesionales con el INSS y la Tesorería, siempre ha habido un clima de cordialidad pero estas órdenes no vienen desde Castellón vienen desde Madrid».
APTTA. Servicio de Información Actualizada (No vinculante)
Fuente. Mediterráneo. Administración-Economía