ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICOS TRIBUTARIOS Y ASESORES FISCALES DE ANDALUCÍA

asociación profesional de técnicos tributarios y asesores fiscales de andalucía

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El Gobierno ha incluido guiños para los autónomos, lo que no excluye que haya llegado  el momento de abordar una reforma general de su tributación 

Que los tributos y las prestaciones patrimoniales no tributarias están de moda es algo  evidente. Sin embargo, de la información de que disponemos en el momento en que  se escriben estas líneas, se deduce que la Ley de Presupuestos de 2023 va a incorporar  escasas medidas sobre la materia.

Ello se debe a que, pese a ser una ley ordinaria, su  contenido presenta ciertas limitaciones. De un lado, no puede crear tributos. De otro,  reformarlos requiere dos condiciones: una expresa previsión al respecto en la ley del  tributo en cuestión y que la modificación guarde relación con el contenido esencial de  aquella (los ingresos y gastos del ejercicio y la política económica del Gobierno). Por  tanto, el Impuesto de Solidaridad a las grandes fortunas y el límite para compensar  las pérdidas en los grupos consolidados en el impuesto sobre sociedades se  tramitarán a través de otro vehículo normativo. 

Partiendo de lo anterior, en el IRPF, en primer lugar, se rebajan las retenciones de los  rendimientos del trabajo inferiores a 21.000 euros. En segundo lugar, se incrementa  al 27% el tipo de gravamen aplicable a las rentas de capital superiores a 200.000 euros  y al 28%, si rebasan los 300.000 euros. 

Finalmente, se contienen algunos guiños para las personas físicas que desarrollen  actividades económicas. Así, se prorrogan, un ejercicio más, los límites vigentes de  exclusión en el sistema de módulos para los autónomos. Esto último obedece a que el Gobierno está estudiando, junto a ese colectivo, una reforma en profundidad de su  régimen de tributación.

Y es que, en los últimos años, para evitar el fraude que existía  con la emisión de facturas falsas, se ha venido expulsando del mismo a los que  realizan determinadas actividades cuyo volumen de ingresos o compras superan  ciertos umbrales. 

Sin embargo, ha llegado el momento de un replanteamiento general, ya iniciado desde  el punto de vista formal con el desarrollo de la prohibición del software de doble uso.  Sirva, como propuesta, que su rendimiento neto venga determinado a través de la aplicación de un porcentaje de los ingresos, a partir de rigurosos estudios de mercado  que muestren los márgenes medios establecidos en cada sector económico.

Con esta  medida se ahorrarían costes indirectos de difícil asunción por los autónomos y se  soslaya el presunto problema de facturaciones no correspondientes con la realidad,  al incrementarse la base imponible del sujeto pasivo con cada ingreso contenido en  una factura. 

Mientras tanto, consciente el Gobierno de que son los más afectados por la crisis  inflacionista, se rebaja, en 5 puntos porcentuales, su rendimiento neto, a la par que se  incrementa, para aquellos que tributan en estimación directa simplificada, hasta un  7% la reducción por gastos de difícil justificación.

En el impuesto de sociedades, las pymes vuelven a tener un tratamiento especial en  el tipo de gravamen, pasando del general del 25% al 23%, siempre que no superen el  millón de euros de facturación. Esta medida choca con el Preámbulo de la actual ley  del tributo, según la cual la diferencia de tipos era criticada por organismos  supranacionales, como el Fondo Monetario Internacional, al significar un  desincentivo o un obstáculo al crecimiento empresarial y al incremento de la  productividad. 

Pese a lo anterior, la generalización de la reducción de la carga fiscal societaria a nivel  global aconseja su rebaja por dos razones. La primera, dado que este tributo es un  coste para el autónomo que desarrolla su actividad con forma societaria. La segunda,  que la tendencia internacional consiste en situar un tipo de gravamen por debajo del  nominal general. Más aún, teniendo en cuenta que las pymes tributan, según datos  de la AEAT de 2018, a un tipo efectivo medio (sobre la base imponible) del 23,2%,  cercanos ambos al general y superiores al 19,3% de los grandes grupos empresariales.  De aquí, que la medida proyectada permitirá reducir el diferencial de costes  empresariales que lastran la competitividad de los negocios gestionados por pymes. 

La última medida anunciada hasta la fecha es la aplicación del tipo del IVA del 4% a  los productos de higiene femenina y los anticonceptivos, que viene a colmar  demandas formuladas por determinados colectivos sociales. 

Tal y como puede comprobarse, son escasas las medidas tributarias. Ello obedec e  tanto a las limitaciones a que hemos aludido al principio como a las iniciativas que  ya se están tramitando en las Cortes o a punto de hacerlo. Ejemplo de las primeras es  la proposición de ley para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, exigible durante los  años 2023 y 2024, que, pese a su denominación, es un auténtico impuesto  extraordinario. Y, por lo que respecta a las segundas, el Impuesto de Solidaridad a las  grandes fortunas y el límite de compensar las pérdidas en los grupos consolidados,  cuya letra pequeña desconocemos. 

Ahora bien, todas ellas no se enmarcan dentro de una reforma fiscal que actualice  nuestro sistema tributario y que siente las bases para el desarrollo económico y la  mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos en un mundo globalizado y  donde las deslocalizaciones de los contribuyentes en nada benefician. Sin duda,  requiere de una reflexión razonada y los poderes públicos cuentan con buenas  herramientas para ello como el Libro Blanco o las propuestas del IEE. 

APTTA. Servicio de Información Actualizada (No vinculante) 

Fuente: Cinco Días. El País Economía. 

Autor: Javier Martín Fernández.